Sociedad

¿A quién le importa un niño en la calle?

Rodrigo sufrió abuso sexual en el Hogar del Huérfano y su denuncia provocó el cierre. Pero nunca obtuvo la contención necesaria. Hoy encontró por su cuenta una familia y vive del cirujeo.

¿Cómo protege el Estado provincial a una niña o un niño que sufre vulneración de derechos? La letra de la ley establece una serie de estándares de protección integral pero en los hechos, lo que ocurre es todo lo contrario: un laberinto de vulneraciones les deja en la desprotección. No es algo nuevo, pero sí es urgente cambiar las prácticas. Una nota elevada por el subdirector general de Acceso a la Justicia a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes da cuenta de la vida de Rodrigo, que nació en 2002 y fue institucionalizado cuando tenía cinco años. Entre 2009 y 2011 fue alojado en el Hogar del Huérfano, donde sufrió abuso sexual. Su denuncia permitió cerrar esa institución, y la causa penal, con querella de la provincia, llegó a condena contra los dos agresores sexuales. En 2021, cuando tenía 19 años, un policía trató de matarlo. ¿Dónde estaba? Cirujeando en el relleno sanitario de Ricardone. Tras el ataque, permaneció internado en el Hospital Eva Perón y tiene secuelas. Ya no puede correr ni boxear, algo que le gustaba.

Desde 2016, cuando se escapó de otra institución de alojamiento, el Estado no sabía nada de él. Rosario/12 tuvo acceso a una nota que la Subdirección General de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, elevó en 2021 a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, entonces a cargo de Analía Colombo, donde se enumeran las violencias vividas desde 2007. No obtuvo respuestas.

«Vengo a salvar a mis compañeros, no quiero que a ningún chico le hagan lo que me hicieron a mí», dijo Rodrigo en cámara gesell. Tenía ocho años. A él no lo salvó nadie. Durante la gestión anterior, la provincia querelló casi sin tener contacto con Rodrigo. De hecho, cuando fue a la audiencia de apelación, para encontrar a la víctima del delito el fiscal Diego Meinero debió pedirle ayuda al Centro de Asistencia Judicial (CAJ), la única dependencia estatal que mantenía relación con el chico. «Su tutora Sabrina Bulfon fue escuchada en esta audiencia bregar por sus derechos, y en la audiencia de visu, Rodrigo dijo no haberla visto más desde hace años», dice la sentencia firmada por Carina Lurati, Gabriela Sansó y Alfredo Ivaldi Artacho. «Lo propio respecto de las abogadas de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, que han comparecido paradójicamente en su ‘representación’ técnica como parte querellante. Ellas mismas en audiencia de Cámara, sin mostrar titubeo alguno, han manifestado haber perdido contacto con él. Durante años. Años en que era menor», dice la sentencia. Las abogadas eran Patricia Virgilio y Mónica Barroso.

«Cuando se preguntó por la víctima, para cumplir con el mandato legal de que fuera escuchado, todos quienes lo representan señalaron no saber de él, y se esbozó que había tenido problemas y estaba viviendo por la zona de Capitán Bermudez o alguna de esas localidades con una tía», sigue el relato judicial. «Personal del CAJ fue quien, conjuntamente con el Ministerio Público de la Acusación, localizó a Rodrigo, al ser impuesto por este Tribunal a todos los acusadores indagar si el mismo tenía la voluntad de ser escuchado por los magistrados».

Es decir que la sentencia judicial subraya la desatención estatal hacia el niño durante todo el proceso judicial. ¿Cómo fue la vida de ese niño vulnerado? Eso lo cuenta el documento enviado por el CAJ a la Defensoría.

Rodrigo pudo contarle lo sufrido por primera vez a una mujer que lo acogió como familia solidaria. «En ese contexto de amor y contención relató los abusos de los que fue víctima por parte de los cuidadores de la institución. A raíz de ese relato se formalizó la denuncia penal, se decidió el cierre de la institución y Rodrigo continuó residiendo con esa familia. La provincia de Santa Fe se constituyó en parte querellante en la causa penal iniciada por los abusos», relata la nota elevada a la Defensoría. «Con motivo de que la mamá solidaria contrajo una grave enfermedad que requirió de intervenciones quirúrgicas e internaciones, volvió a ingresar al Sistema de Protección Integral y fue alojado en una institución de la localidad de Bigand en el año 2013», sigue el relato elevado a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia en conjunto al Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) comenzó a trabajar en la búsqueda de una familia definitiva para Rodrigo. «En marzo de 2015 Rodrigo egresó de la institución con una familia en guarda pre-adoptiva hacia la localidad de Correa. En enero de 2016, luego de que Rodrigo sufriera varios hechos de violencia por parte del guardador pre-adoptivo, hechos que fueron denunciados ante el MPA de San Lorenzo, una tía de ese grupo familiar lo llevó a la sede de la Dirección Provincial en Rosario, y lo dejó junto a su ropa», sigue la carta del CAJ.

Durante el tiempo en que Rodrigo fue violentado por la familia que tenía su guarda pre-adoptiva, ni la Subsecretaría de Niñez ni el Ruaga hicieron visitas para constatar cómo vivía, y tampoco si recibía la necesaria contención psicológica para un adolescente -ya tenía 14 años- que había sufrido tal cantidad de abandonos y vulneraciones.

Tras la devolución, «Rodrigo nuevamente fue institucionalizado, esta vez en la localidad de Alvear, de donde se escapó a los pocos días de ingresar». Desde entonces, el Estado no supo más de él. La sentencia en primera instancia contra los dos abusadores del Hogar del Huérfano se produjo en 2020.

Rodrigo encontró solo lo que el Estado no había podido darle: una familia adoptiva que lo acogió como un hijo. María, su mamá, tiene otros hijos y nietos, son doce personas que viven en Fray Luis Beltrán, en condiciones de enorme vulnerabilidad, sin servicios básicos como agua potable. Se mantienen con el reciclaje informal de residuos.

También eso forma parte de la sentencia firmada por el Tribunal Oral de Segunda Instancia. «Al ejercer su derecho de ser oído, Rodrigo, tímidamente hizo saber al Tribunal de Alzada que tras esta denuncia, y haber declarado en este proceso, fue internado en otro hogar, que lo internaron en un ‘loquero’ y que estuvo años en la calle. Que hace dos años lo adoptó una familia, haciendo referencia a quien lo acompañó a la audiencia, y llamó su mamá del corazón, manifestando que ahora estaba aprendiendo un oficio con esta nueva familia», subraya el Tribunal.

«Al preguntársele cómo estaba ahora en su vida, dijo que estaba muy bien, que finalmente tenia una familia y que estaba trabajando. Que desde los trece años nadie se había ocupado de él, hasta que su mamá del corazón adoptó. Que fue por la voluntad de ella. Rodrigo, afortunadamente, logró la contención social, familiar y afectiva que siempre procuró, que anhela todo niño, pero la consiguió por sus propios medios. Si esto no es adicionar mayor vulnerabilidad al vulnerable, no parece posible imaginar otro supuesto», dicen Luratti, Ivaldi Artacho y Sansó.

Y subrayan: «No puede dejar de impactar en cualquier espectador advertir cómo actores procesales investidos en roles de esta naturaleza en función de desempeñarse en organismos dependientes del Estado, que invocan fervientemente en el marco de la litigación interés superior del niño, convenciones internacionales y leyes de protección integral, han dejado en el olvido algo tan esencial de su intervención: la persona titular de todos esos derechos, el otrora niño, hoy con diecinueve años». La sentencia es de octubre de 2021. «Tampoco puede pasarse por alto cómo fue dejado a la deriva, ‘y a su suerte’, quien aún contaba con la protección privilegiada que su condición de niño impone». El Tribunal subraya la paradoja entre la correcta litigación penal y la nula actuación administrativa para asegurar el interés superior del niño.

El CAJ acompaña a Rodrigo en otra situación que lo tiene como víctima, en Ricardone, cuando un policía que hacía adicionales en el relleno sanitario intentó darle muerte en circunstancias en las que Rodrigo pretendía cirujear. Esa causa está a cargo de Melisa Serena, del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de San Lorenzo. Desde entonces, Rodrigo vive con un perdigón de plomo alojado en su cuerpo, cerca de una arteria y la vértebra 12, pero hoy pudo terminar la escuela primaria. Algo que el Estado debió asegurarle mucho antes de los 21 años.

La historia de Rodrigo, que aquí se cuenta con detalle porque hubo huellas judiciales y administrativas, es la de muchas pibas y pibes que fueron y son desprotegidos por el sistema integral de protección. Esta vulneración abarca diferentes gestiones de gobierno, ya que el periplo de Rodrigo comenzó en 2007. Hoy mismo hay niños internados en hospitales, con el alta médica, pero sin lugares adecuados de alojamiento. Cuando las profesionales de la salud piden respuestas a la Subsecretaría de Niñez, les dicen que no tienen adónde derivarlos. Las denuncias fueron públicas y las recogió este diario.

«A esta hora exactamente hay un niño en la calle», dice un poema escrito por Armando Tejada Gómez, en 1958. Sigue ocurriendo en 2023. Es urgente.

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