Politica

Mauricio Davico a punto de fundir Pueblo Belgrano por negocios inmobiliarios

La localidad entrerriana afronta una multa de $200.000 diarios, casi la totalidad de su presupuesto, como sanción por construir un barrio náutico sobre un humedal. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Y quiénes pierden?

Mauricio Davico, actual intendente de la localidad de Pueblo General Belgrano y candidato de Rogelio Frigerio a la intendencia de Gualeguaychú, prefiere destinar casi la totalidad del presupuesto que posee la localidad para pagar las multas en vez de acatar el fallo de la justicia.

La Municipalidad de Pueblo General Belgrano –una localidad de la provincia de Entre Ríos- y la empresa Altos de Unzué deberán pagar $200.000 de multa por cada día en el que no se avance en los trabajos para desmantelar un barrio privado que generó la crecida del río Gualeguaychú e inundaciones en la zona.

Los condenados no han acatado el fallo de la justicia que los obliga a realizar las tareas necesarias para la restauración del ambiente, ya que esto implicaría dar marcha atrás con el lujoso barrio privado que allí se está instalando. Davico, especula con la posibilidad de que él y su socio Rogelio Frigerio ganen las elecciones, y así continuar con el negocio inmobiliario. Mientras tanto, el daño ambiental está hecho y los vecinos están en peligro.

La sanción dispuesta por la Corte se da luego de años de reclamos por parte de vecinos de Gualeguaychú –localidad vecina a Pueblo General Belgrano- que en 2019 habían pedido la “paralización y demolición” de las obras en el barrio náutico Amarras. Las obras que se llevaron adelante para elevar la tierra provocaron la crecida del río y, a causa de las inundaciones, se debió evacuar a más de 150 personas en varias oportunidades.

Además, ante el avance del agua, muchos lugares emblemáticos de Gualeguaychú –como el Parque Unzué, la costanera, caminos turísticos, clubes, playas, campos y barrios de la zona de la costanera y el puerto– fueron afectados por las inundaciones. Por el contrario, el barrio Amarras fue el único lugar que no quedó bajo agua en la zona. Según denuncian los vecinos “el agua que antes se desplazaba ahora ingresa en el casco urbano, afectando zonas ribereñas densamente pobladas”.

Si bien la justicia de Entre Ríos había permitido continuar los trabajos, esta decisión fue revocada en julio del año pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Así, el Superior Tribunal de Justicia entrerriano (STJER) debió realizar un nuevo fallo al respecto.

A pesar de un recurso extraordinario interpuesto por la municipalidad de Pueblo General Belgrano, el gobierno de Entre Ríos y la empresa constructora del barrio Amarras, en noviembre pasado la CSJN rechazó esta medida judicial y mantuvo su decisión de paralizar las obras. Así fue que la justicia provincial ordenó la “demolición, desmantelamiento y recomposición del ambiente, volviendo las cosas a su estado anterior” a la construcción del barrio, tras detectar “la alteración negativa del medio ambiente”.

En su fallo, los jueces entrerrianos consideraron que quedó “efectivamente patentizada la existencia de una alteración negativa del medio ambiente”, y la decisión se basa en “la prevención del daño futuro”, en “la recomposición de la polución ambiental ya causada” y en generar “un resarcimiento pecuniario” por los “daños irreversibles”. De esta manera, la empresa “Altos de Unzué”, encargada de la construcción, y la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, donde se construyó el barrio privado, tenían 180 días para el desmantelamiento de la zona.

Cumplido este plazo, no hubo cambios en el barrio ni indicios de que empresa y municipio tengan “voluntad de cumplir” esta sentencia. Por este motivo, el juez civil y comercial de Gualeguaychú, Javier Mudrovici, estableció llevar adelante el desmantelamiento e impuso una multa de $200.000 a la constructora, la municipalidad y el gobierno provincial, como “multa” por cada día de atraso en cumplir con el fallo.

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